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Brasil y el golpismo del Siglo XXI

Pluma: Amílcar Salas Oroño | Dr. en Ciencias Sociales (UBA) – Mg. en Ciencia Política (USP-Brasil) / Investigador IEALC-Fac. Ciencias Sociales-UBA.

Lo ocurrido en Brasil no tiene muchas formas para clasificarlo. Lo que ha ocurrido respecto del juicio político a Dilma Rousseff tiene una sola forma de nombrarlo: se trata de una alteración al Estado de Derecho, un golpe de Estado. Sin embargo, aquí y allá los analistas dan rodeos sobre el asunto: “Golpe parlamentario”, porque ha sido el propio Congreso el que ha determinado la salida de la Presidenta; “golpe en cámara lenta”, siendo que desde que se aceptó el pedido de juicio político hasta la separación transitoria del cargo han pasado más de 8 meses, que se podrían extender aún más si se considera el período en el que el entonces Presidente de la Cámara de Diputados (el que debe formalizar el ingreso del expediente) chantajeaba al Poder Ejecutivo con aceptar o no algún pedido; “golpe a la paraguaya”, puesto que fue un trámite parlamentario signado por una sucesión de ilegitimidades procesales groseras, como lo fue en su momento el desplazamiento de Fernando Lugo en Paraguay, en 2012; “golpe blando”, pues no fue en estricto sentido un desplazamiento violento de la Presidenta; “golpe judicial”, en tanto que las instancias judiciales – tanto de primer orden como la Corte Suprema de Justicia han contribuido de diversas formas con el proceso destituyente; “golpe mediático”, por la clara incidencia que han tenido los medios de comunicación hegemónicos en la elaboración de un determinado estado de opinión desfavorable al gobierno del Partido dos Trabalhadores. En el fondo, se trata de un golpe, un golpe de Estado. Tres aspectos quizás permitan comprender las circunstancias del mismo: el sistema político, el rol de los medios de comunicación y la articulación de los intereses que están detrás (del golpe).

Las singularidades del “presidencialismo de coalición” en Brasil

Buena parte de los politólogos brasileños suelen caracterizar a su sistema político como el de un “subdesarrollo partidario” por la gran cantidad de partidos –algo comprensible, desde el punto de vista de la heterogeneidad regional y dispersión de las identidades políticas en un país tan inmenso- subrayando el peso específico que el Parlamento tiene sobre la vida política nacional. Al respecto, hay que notar que entre las singularidades brasileñas (que son muchas) está el hecho de haber sido, si bien por un brevísimo período, un régimen parlamentario durante los inicios de la década del ´60. Algo curioso, pero que está en su historia. Puede ser que ese mismo legado histórico (una “identidad parlamentarista” en un país presidencialista, haciendo un rodeo con los términos) sea el que esté en el centro de la circunstancias actuales; a fin de cuentas, el golpe ha sido realizado desde el Parlamento.

Sobre este substrato histórico es que se edificó –sobre todo a partir de la Constitución de 1988- un singular “presidencialismo de coalición”, esto es, un armado político donde el Poder Ejecutivo se organizaba según los apoyos que tendría en el Congreso; a la manera de un “intercambio entre partidos”, donde éstos se incorporaban a la bancada oficialista en la medida que fueran recompensados con espacios ministeriales. Una constante que supuso, por ejemplo, que la propia coalición presidencial de Dilma Rousseff –la que obtuvo la reelección en el 2014- tuviera que hacer un reparto de poder del Partido dos Trabalhadores con más de 13 fuerzas políticas.

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El detalle histórico es que este diseño híbrido, que ya venía mostrando sus desequilibrios y descomposiciones, a partir del 2015 empieza a perder su punto de equilibrio: no estaba en los cálculos de nadie que, tan sólo unos meses después de volver a asumir el cargo, una parte numerosa de los “aliados” (sobre todo el principal partido: el Partido del Movimiento Democrático Brasileño – PMDB) se salieran del compromiso y se convirtieran en un obstáculo. Con un efecto sistémico suplementario: la pérdida de autoridad y legitimidad presidencial de Dilma Rousseff durante el 2015 fue proporcional a la transferencia del poder de iniciativa hacia el propio Parlamento. Así, la labor legislativa, los órdenes del día y las diversas pautas votadas muestran que la agenda política nacional ya no estaría más en manos de la Presidenta sino desde el propio Congreso, originando una “crisis política” que, menos que una cuestión de forma, será un problema de contenido: los temas que pasaron a ser discutidos, y de los cuales se hicieron eco las agendas públicas y mediáticas, reflejaban intereses específicos de la sociedad.

Se llega, así, a una descaracterización política de los mismos parlamentarios, en el sentido de que dejan de ser “representantes del bien común” y pasan a reagruparse por otras afinidades: las bancadas de los laboratorios, del agronegocio, de los evangélicos, de los partidarios de la mano dura, de las compañías petroleras, de las constructoras, etc. La “crisis del presidencialismo de coalición” puede leerse, también, como la colonización audaz y vertiginosa de los intereses sectoriales a uno de los poderes del Estado, el que pasa a tener un rol central en las definiciones políticas. En el medio de este contexto es que aparece un personaje como Eduardo Cunha, no casualmente, el Presidente de la Cámara de de Diputados durante el 2015 y parte del 2016 (hasta la votación en el Senado Federal); fue el organizador de esta avanzada de diputados que presionan y presionan sobre la agenda política, con “incentivos” (por decirlo de una forma elegante) proporcionados por los intereses mencionados. Dispersos entre sí en apariencia, se convierten en un bloque cuando se instala el expediente del juicio político –animado, también, con mayores “incentivos”- frente al cual, primero los diputados y luego los senadores, cierran filas y terminan por dar el movimiento final: el golpe (de Estado) es, también, el Parlamento venciendo al Poder Ejecutivo.

El rol de los medios de comunicación

Como factor constituyente de esta circunstancia están los medios de comunicación, que construyen nuevas referencias, amplifican las crisis del sistema y direccionan los tiempos políticos en vistas a poder eliminar el espacio de actuación –social y político- del PT. Si bien es cierto que el poder de los medios ha entrado en entredicho como lugar “objetivo y desinteresado” de información desde hace unos años (la consigna “o povo não é bobo, abaixo a Rede Globo” se convirtió en un clásico de las marchas, grafitis y escraches; incluso fue cantado en algunas tribunas de fútbol, reemplazando a los tradicionales carteles interactivos con la emisora) su poder todavía sigue siendo altamente performativo. Las construcciones “corales” –porque no siempre dicen exactamente lo mismo– de los Civita (dueños de la inefable Revista Veja), los Frías (propietarios del periódico con mayor tirada nacional, Folha de Sao Paulo, y la Agencia de Noticias UOL), los Mesquita (Estado de Sao Paulo y Zero Hora) y los Marinho (propietarios del multimedios Globo) siguen siendo profundamente organizadoras de los sentidos comunes.

Durante este 2016, eso ha quedado muy marcado. Estos cuatro grupos mediáticos han contribuido a que la crisis del sistema llegara al punto que llegó, al juicio político a Dilma Rousseff. Mediante la exposición tendenciosa, abusiva y, por momento, completamente falsa de algunas informaciones crearon las condiciones para que la legitimidad de la Presidenta se desplomara. Pero no dejaron que la situación quedara sólo allí: los medios fueron fundamentales para construir otras referencias, en particular, aquello que tiene que ver con el lugar (social) del empresariado. En todos estos meses de “crisis del presidencialismo” algunas cámaras empresariales –como la Federación de Industriales de San Pablo (FIESP) – a partir del tratamiento dispensado por los medios, han logrado posicionarse como actores convocantes de las marchas opositoras: el día en que se conocieron los ilegales audios de las conversaciones entre la Presidente Dilma Rousseff y Lula, las movilizaciones opositoras se concentraron precisamente en la sede de la FIESP, mostrando a las claras que, tras el intenso trabajo de los medios, ésta se había convertido en un actor político más. Circunstancia fundamental, también, para “legitimar” un hecho dentro de la disputa: que los intereses privados pueden ser receptores de los ánimos ciudadanos.

El golpe y el retorno de las elites

Las elites (empresarias, mediáticas, geopolíticas internacionales) apuntando al Partido dos Trabalhadores le han estado apuntando al único proyecto estrictamente político –como instrumento de poder, con una visión universal respecto de los intereses específicos- que todavía queda en pie en la vida política y social brasileña. Es cierto que no es el mismo partido que en los años ’80, que no tiene la misma intensidad de antaño; sin embargo, sigue siendo el único proyecto político capaz de observar los múltiples problemas nacionales desde una visión política, esto es, de forma general, como interés público. Por eso es importante advertir que el juicio político no apunta sólo a Dilma Rousseff: el desplazamiento que buscan es más estructural. Apuntan a una desideologización y una apoliticidad de la sociedad que genere las condiciones para que, en un futuro no muy lejano – y el juicio político es ese camino abreviado- se consolide la visión de que un gobierno es la sumatoria de las partes, donde la orientación que se imponga (económica, cultural, geopolítica) debe ser el resultado de una medición de fuerzas sociales en la que, por peso de cada quien, las elites tienen todo para imponerse frente a los sectores populares. No hay forma de contrapesar esa correlación de fuerzas, sobre todo cuando se pierde el control del Estado.

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El golpe de Estado es un golpe de las elites, instrumentado por una “clase política parlamentaria” (no casualmente la mayoría de los ministros del Gobierno interino de M. Temer provienen de allí) que se proyectó gracias al apoyo de los medios de comunicación; elites, diputados y medios de comunicación contra la democracia brasileña, versión 2016. Un golpe que debe ser observado, también, en una secuencia latinoamericana más amplia: los intentos en Venezuela –en el 2002 y las “guarimbas” del 2014, a lo que podría agregarse la coyuntura actual del 2016-, Haití –2004-, los intentos desestabilizadores en Bolivia –2008-, Honduras – 2009-, las “rebeliones” de las fuerzas de seguridad en Ecuador –2010-, y el golpe en Paraguay –2012-. En el caso brasileño actual, como otras oportunidades de la historia latinoamericana, los sectores populares y los que defienden la democracia fueron sorprendidos en un primer momento. Pero aclarado el panorama y visualizados los factores que están detrás –cuestión que cada día va quedando más en evidencia– ha comenzado a ponerse en pie un movimiento pro-democrático de enorme vigor por todo el país; para derrotar el golpe en curso, para que la votación definitiva del Senado Federal restituya a Dilma Rousseff en el cargo, como corresponde. A esa causa democrática debemos sumarnos, como latinoamericanos.

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