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Revolución Ciudadana

Pluma: Fernando Rubino| Instituto de Estudio y Administración Local (IDEAL)

 

“La superación de la pobreza es el mayor imperativo moral que tiene el planeta, ya que por primera vez en la historia de la humanidad, la pobreza no es fruto de la escasez de recursos, de factores naturales, de las grandes hambrunas, sino de sistemas injustos, excluyentes”

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     El gobierno de Ecuador puso en marcha por primera vez el Plan Nacional Buen Vivir en 2007, con el slogan institucional de “poner la casa en orden”. Comenzó a ejecutarse a través de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES) y se enmarcó en el Plan Nacional de Desarrollo 2007–2010, el proyecto político de cambio que se propuso la llamada Revolución Ciudadana. Este documento, de carácter estratégico, delineó el perfil de las políticas públicas que llevaría adelante el gobierno de Rafael Correa y planteó objetivos para alcanzar el desarrollo con inclusión social y las acciones que debía emprender el Estado para tal fin.

     Correa, que había sido ministro de Economía, llega al poder en 2007 luego de ganar en segunda vuelta las elecciones presidenciales del año anterior. Desde su asunción, marcó la necesidad de promover una serie de reformas profundas que permitieran modificar el sistema político, económico y social de la sociedad ecuatoriana. Estas transformaciones estaban orientadas a ampliar la noción de ciudadanía y garantizar el cumplimiento efectivo de derechos, cuestión siempre problemática en los pueblos latinoamericanos, donde importantes sectores de la población se encuentran en situación de exclusión social y los Estados, con instituciones débiles, suelen ser cooptados por intereses privados-corporativos afectando su rol distributivo. En materia de alianzas geopolíticas, Correa alineó a Ecuador con el concepto antiimperialista de “Socialismo del siglo XXI” que promovió el presidente venezolano Hugo Chávez y con las políticas regionales que impulsaban los presidentes Lula Da Silva, Néstor y Cristina Fernández de Kirchner y Evo Morales, entre otros.

Logo revolucion ciudadana

     El mencionado Plan Nacional de Desarrollo se propuso alcanzar cinco revoluciones: la revolución constitucional y democrática, la revolución ética, la revolución económica y productiva, la revolución social y la revolución por la dignidad. En 2009 se formuló como Plan Nacional para el Buen Vivir, el cual se definió institucionalmente como “la búsqueda de la igualdad y la justicia social, el reconocimiento, la valoración y el diálogo de los pueblos y de sus culturas, saberes y modos de vida”. Esta definición se corresponde con el carácter biocentrista del Socialismo del Siglo XXI, que entiende al individuo a partir de su relación entre la comunidad y el hábitat, otorgando también a la naturaleza la potestad de portar derechos; pasa de ser un objeto a un sujeto. El desarrollo se interpreta entonces no sólo como desarrollo de las fuerzas productivas, es decir, económico, sino como un desarrollo sostenible que además de garantizar el acceso de las mayorías a bienes de consumo, lo hace bajo formas que impiden que el hábitat sea vulnerado por el mercado y se pueda preservar el derecho de las generaciones venideras a relacionarse saludablemente con el mismo. Una política de desarrollo sustentable siempre incluye una mirada igualitaria de la sociedad, también en la dimensión socioeconómica, ya que la gran industria capitalista, desde sus orígenes con la Revolución Industrial del siglo XIX, al degradar el medio ambiente afecta severamente las condiciones de vida de las mayorías populares. Esta cuestión es particularmente visible en América Latina, donde los sectores más vulnerados son a la vez los más expuestos al daño ambiental. Pobreza y degradación del medio ambiente son dos variables que se relacionan estrechamente.

     En el plano concreto, el Plan Nacional Buen Vivir marcaba una hoja de ruta que comprendía en un lapso de mediana duración cambiar la matriz productiva primario-exportadora del neoliberalismo por la producción de bio-conocimiento, para dotar de servicios básicos a la mayoría de la población ecuatoriana y reducir los niveles de pobreza. Se marcó la necesidad de ir hacia un proceso de construcción del poder popular para otorgar volumen político al gobierno y autonomía al Estado, y fomentar así una democracia participativa y deliberativa con una ciudadanía movilizada y conciente del ejercicio de sus derechos. En la redacción del documento del Plan, se sostenía que “la sociedad del buen vivir tiene que estar asociada a la construcción de un nuevo modo de acumulación y redistribución. Los amplios niveles de desigualdad y exclusión que existen, además de las prácticas culturales que están enraizadas en la sociedad, son consecuencias de una estrategia de desarrollo que se ha sustentado principalmente en la acumulación de riqueza a través de la producción de bienes primarios que se han colocado en el mercado externo. Se trata de la estrategia primario exportadora”. La Revolución Ciudadana pretendió que la extracción de recursos naturales pase a ser temporal, decreciente, para construir con esos recursos las bases de una nueva configuración socioeconó- mica, sostenible y sustentable, que innove y mejore el bienestar de la población.

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     Parte importante de las políticas de Correa fue romper con el paradigma de las políticas sociales focalizadas de la época del Consenso de Washington, que separaban las dimensiones de economía y política social. Según esa visión, la primera debía ser resuelta por el mercado y la segunda era competencia del Estado para asistir a los grupos en situación de alto riesgo. Es necesario recordar, aunque parezca redundante, que esa estrategia fue un fracaso absoluto, y no hay indicador económico ni social que muestre lo contrario ya que finalizó su período en el poder con importantes sectores de la población latinoamericana sumergidos en la pobreza y la indigencia. Algunos de los programas implementados por el nuevo enfoque de articulación de políticas integrales y perspectiva de derechos fueron Aliméntate Ecuador, el Programa Socio País y sus subprogramas Hilando el Desarrollo y Nutriendo el Desarrollo, el Programa de Microcrédito Juvenil, Negocios Sociales inclusivos y Plan de Intervención Territorial. Se ocupan de cuestiones alimentarias, de vivienda, microcréditos para emprendimientos productivos, apoyo a la educación, vivienda y capacitación laboral.

     Se creó el Ministerio de Coordinación de Desarrollo Social con el objetivo estratégico de conducir la implementación de esta batería de políticas, coordinando organismos y rompiendo el abordaje neoliberal fragmentado en estos temas, para tender a la universalización bajo una perspectiva de derechos ciudadanos. Con más de 8000 millones de dólares anuales de inversión, ejecutados por este Ministerio, Ecuador se posicionó como uno de los países más innovadores de la región en políticas sociales, aspecto reconocido por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo – PNUD. Este organismo observa que Ecuador, a través de la institucionalización de derechos como sucedió por ejemplo con la Ley Orgánica para la Promoción del Trabajo Juvenil y la Regulación Excepcional de la Jornada de Trabajo, Cesantía y Seguro de Desempleo, es uno de los que se encuentran mejor posicionados para afrontar el escenario económico internacional con recesión de los últimos años en cuanto a la capacidad de “amortiguar” el impacto social negativo que siempre produce la caída de la actividad económica. Nos parece necesario destacar estas cuestiones, ya que la configuración monopólica de los medios de comunicación en América Latina, dedicados tenazmente a construir una imagen de corrupción e ineficiencia de los gobiernos populares, utilizan selectivamente esta información para distorsionar el impacto de las políticas públicas de inclusión en nuestras sociedades.

“EL PLAN NACIONAL PARA EL BUEN VIVIR SE DEFINIÓ COMO ‘LA BÚSQUEDA DE LA IGUALDAD Y LA JUSTICIA SOCIAL, EL RECONOCIMIENTO, LA VALORACIÓN Y EL DIÁLOGO DE LOS PUEBLOS Y DE SUS CULTURAS, SABERES Y MODOS DE VIDA’. LA DEFINICIÓN SE CORRESPONDE CON EL CARÁCTER BIOCENTRISTA DEL SOCIALISMO DEL SIGLO XXI”

     Retomando el análisis del Plan Nacional Buen Vivir, en la última formulación del mismo se incluyen objetivos más amplios y se los identifica en las revoluciones Cultural, Urbana, Agraria y del Conocimiento. De esta forma se redoblan los esfuerzos por entender al desarrollo social como una cuestión multidimensional y orientar los esfuerzos de los distintos organismos públicos a tal fin. Fuentes de evaluación gubernamental muestran indicadores de impacto altamente positivos en cuanto a reducción de la pobreza e indigencia, desempleo juvenil, la disminución de la brecha de desigualdad (coeficiente de gini), cambios en la matriz energética fomentando la generación de fuentes alternativas y “limpias” y una mayor cantidad de población bajo programas de seguridad social (principalmente destinados a salud y educación). En este último punto, es muy destacable que Ecuador haya triplicado el porcentaje del PBI destinado a la seguridad social desde la implementación del PNBV.

     En la misma línea con que analizamos las Misiones Sociales en Venezuela, tenemos que mencionar que el PNBV de Ecuador recibió críticas similares de parte de la oposición política al gobierno, amplificadas por el entramado comunicacional. El foco en cuestiones relacionadas al clientelismo político o la corrupción no tiene demasiado anclaje en la realidad, y apuntan a defender aquellos intereses corporativos que son siempre afectados cuando se pone en marcha un proceso de distribución de la riqueza. Pero lo más valioso del Plan Nacional Buen Vivir no son solamente los resultados positivos alcanzados hasta el momento, sino el carácter estratégico y de largo plazo que se propone y la unificación de esfuerzos estatales para abarcar las dimensiones que componen el campo de “lo social”: economía, salud, educación y, particularmente, las innovadoras consideraciones del sujeto y el hábitat. Esto marca una ruptura con el marco de ideas del neoliberalismo y sus políticas, tan inserto en el “sentido común” de la sociedad gracias a décadas de hegemonía en el poder. La continuidad y profundización de estos nuevos paradigmas de derechos y ciudadanía que surgieron en América Latina en la última década es la llave para romper la brecha de desigualdad y exclusión que caracterizó históricamente a la región.

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