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Berta Cáceres: Otra historia que hace sangrar nuestra América

| Pluma: Silvina B |

El 3 de marzo de 2016 Berta Cáceres fue asesinada por cuatro proyectiles en su domicilio de La Esperanza, en el Departamento de Intibucá, a poco más de cien kilómetros de Tegucigalpa, la capital hondureña. Berta era beneficiaria de medidas cautelares para su protección, otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desde el 29 de junio de 2009, posterior al golpe de Estado del 28 de junio del mismo año, contra el gobierno de Manuel Zelaya. Allí comenzó una sistemática persecución a militantes sociales, dentro de las cuales se encontraba la dirigente indígena.

Berta Cáceres fue fundadora y Coordinadora General del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH). Esta organización social y política data su trayectoria desde 1993, tiempo en el que inició las movilizaciones conocidas como peregrinaciones indígenas, entre 1994 a 1998, desde Intibucá hacia Tegucigalpa. Aquellas manifestaciones fueron concebidas como un medio para visibilizar las demandas del COPINH.

Estas marchas sembraron la semilla de la movilización popular, en momentos de gran desesperanza para un movimiento social y político que fue diezmado durante la década de 1980. En este contexto, Berta fue una incansable defensora de los Derechos Humanos, del medio ambiente, del territorio y feminista. En 2015 fue galardonada con el premio anual Goldman para América Central por su defensa del medio ambiente. La distinción es conocida como el premio nobel verde.

Estado de sitio del cuerpo y del alma

El golpe de Estado oligárquico-militar de 2009 depositó a Porfirio Lobo Sosa en la presidencia de Honduras. Lobo accedió al cargo en elecciones celebradas en noviembre de 2009, las que fueron catalogadas como el proceso más deslegitimado en la vida democrática del país desde 1980. La persecución política y los asesinatos continuaron en ascenso y conflictos como el caso en el Bajo Aguan, donde campesinos ocuparon tierras de Miguel Facussé, uno de los más grandes terratenientes del país, se profundizaron.

Antes del Golpe, el gobierno de Zelaya había desarrollado una política económica y social incluyente, lo que significó introducir a Honduras en un proceso de reformas contrarias a las políticas neoliberales que impulsó el país centroamericano en los últimos treinta años. Las medidas entraron en contradicción con los intereses del sector económico, polí- tico y religioso más conservador del país. Y fue, probablemente, la relación con el ALBA (Alianza Bolivariana para los Pueblos de América) lo que representó una amenaza al proyecto conservador de la derecha en Honduras. En ese contexto, instituciones claves del Estado, como la Corte Suprema de Justicia, el Tribunal Supremo Electoral, las Fuerzas Armadas y el Congreso Nacional junto a otros sectores—grupos económicos y religiosos— realizaron una alianza para asaltar el Poder.

En agosto de 2009, en medio de la crisis política en Honduras, se aprobó la Ley General de Aguas, que prevé la posibilidad de concesionar a terceros los recursos hídricos del país. De forma complementaria, se derogaron los decretos que prohibían la implementación de proyectos hidroeléctricos en áreas protegidas. Durante ese año se abrieron las licitaciones que luego aprobaría Lobo: se concesionaron a empresas privadas 40 de las 47 solicitudes de Contratos para Suministro de Energía Eléctrica en Honduras

Militarización, venta del territorio, concesiones de ríos y minería.

El 9 de septiembre del 2010, el Congreso Nacional de Honduras aprobó el suministro de potencia y energía eléctrica que utilizan como fuente de generación los recursos hídricos. Este contrato fue celebrado entre la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) y la empresa de origen hondureña Desarrollos Energéticos (DESA S.A.), quienes a través de este marco legal obtuvieron la licencia para implementar el Proyecto Hidroeléctrico Agua Zarca en la comunidad de San Francisco de Ojuera, Departamento de Santa Bárbara, en el occidente del territorio hondureño.

Desde el 2011, el COPINH inició una campaña por el derecho a la consulta y ha denunciado el incumplimiento del Convenio Internacional 169 de la OIT, al que Honduras ha suscrito en 1995, el cual establece la consulta previa, libre e informada para los pueblos indígenas. Un año después, DESA S.A. inició la instalación y construcción del Proyecto Hidroeléctrico Agua Zarca. DESA bloqueó el acceso al río y las comunidades afectadas iniciaron movilizaciones y bloqueos de calles para evitar la llegada de maquinaria en la zona de construcción de la obra. En el contexto de estas acciones, Tomás García, líder de la comunidad lenca de Río Blanco, fue asesinado durante una protesta pacífica a manos de las fuerzas armadas hondureñas.

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Previo al homicidio, en más de 150 asambleas indígenas las comunidades decidieron rechazar la represa. Se denunció la imposición del proyecto y se mantuvo por más de un año acciones como tomas y bloqueos de carreteras. En ese marco, la compañía socia estatal china Sinohydro, abandonó Río Blanco, en palabras de Berta: “a costa de mucha confrontación y sangre”.

Sin duda el golpe de Estado de junio de 2009, profundizó la violación a los derechos humanos y generó un estado de indefensión. La administración Juan Orlando Hernández (2014-2018), del Partido Nacional, es un gobierno de continuidad y mayor radicalidad en aplicar una política de militarización. En el 2014, por ejemplo, primer año de gobierno de Orlando Hernández, Honduras ocupó el cuarto lugar en mundo con 12 asesinatos—de ellos se reportaron 4 indígenas—de defensores y activistas del medioambiente.

Berta Cáceres y su llamado a defender nuestros derechos como pueblos

Su discurso, al recibir el premio Goldman, comparte a grandes rasgos su praxis política y con ello su práctica cotidiana: “En nuestras cosmovisiones somos seres surgidos de la tierra, el agua y el maíz. De los ríos somos custodios ancestrales, el pueblo Lenca, resguardados además por los espíritus de las niñas que nos enseñan que dar la vida de múltiples es dar la vida para el bien de la humanidad y de este planeta. El COPINH, caminando con otros pueblos por su emancipación, ratifica el compromiso de seguir defendiendo el agua, los ríos y nuestros bienes comunes y de la naturaleza, así como nuestros derechos como pueblos (…) Nuestras conciencias serán sacudidas por el hecho de solo estar contemplando la autodestrucción basada en la depredación capitalista, racista y patriarcal. El Río Gualcarque nos ha llamado, así como los demás que están seriamente amenazados en todo el mundo. Debemos acudir. La Madre Tierra militarizada, cercada, envenenada, donde se violan sistemáticamente derechos elementales, nos exige actuar. Construyamos entonces sociedades capaces de coexistir de manera justa, digna y por la vida. Juntémonos y sigamos con esperanza defendiendo y cuidando la sangre de la tierra y de sus espíritus”.

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