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Los medios monopólicos, las derechas y los modelos de sociedad

Las grandes empresas mediáticas no son sólo un vector del mercado, sino que se hacen necesarias y estratégicas para sostener la geopolítica del conjunto de las economías concentradas. Los gobiernos de derecha que surgen en democracia lo hacen de la mano de las corporaciones de comunicación.

Pluma: Claudia Villamayor

Los medios de comunicación son un dispositivo institucional, político y económico que guarda estrecha relación con otros actores de la sociedad, sea que provengan del Estado, del mercado o de la misma sociedad civil. En todos los casos los medios son actor político y económico que gravitan y tienen incidencia central en la construcción de cualquier sistema social y económico. Es una cuestión de estudios y de acciones pero también debiera ser parte de las cuestiones que incumben a toda la ciudadanía a la hora de definir sus idearios respecto de cómo quiere vivir y cómo diseñar la sociedad que desean, porque hay que decirlo, sus decisiones hacen parte de los dispositivos sociales, aunque las superestructuras cuenten con hegemonías que no siempre benefician de manera igualitaria a todos y todas.

Los medios de comunicación, sean de naturaleza privada, estadual o de organizaciones de la sociedad civil, hay que mirarlos y comprenderlos en relación con todo el dispositivo súper estructural de una sociedad dada, nunca de manera aislada. Intervienen desde lógicas diferenciadas, según sea su naturaleza, en el armado de la maquinaria de la sociedad. Por lo tanto, no dejaremos afuera el sistema social imperante en donde ellos tienen lugar. A nadie escapa la sustantiva participación que el sistema mediático corporativo privado tiene en la lógica de la productividad del capitalismo. Se trata de empresas en su mayoría hegemónicas y como tales no son diferentes al modo en que se acumula capital en determinada época a otras instituciones económico empresarias dedicadas a distintos rubros.

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Cuando se pretende regular esa relación mediante normas, los actores intervinientes entran en disputa respecto de cómo concibe cada uno la sociedad en la que quiere vivir y para ello construye acciones y procedimientos políticos para generar que las normas les sean favorables. Por eso, su disputa tiene alianzas con sus pares de sector y pretende gravitar en los poderes de un sistema democrático de variadas maneras (Ejecutivo, Legislativo y Judicial).

Por tanto, la puja por las normativas además de una cuestión jurídica, está atravesada siempre por posicionamientos y batallas políticas, culturales y económicas. En todos los casos lo que está en discusión en la acción concreta son modelos de sociedad. No se deje de lado nunca esto para comprender normas o leyes y por sobre para revisar las políticas de comunicación de un país y/o organismos multilaterales.

Comprender una batalla de intereses de manera situada en la época y en el sistema material en donde ella se configura y se produce nos permite comprender relaciones de fuerza, posicionamientos y por sobre todo los móviles que llevan a procedimientos que no siempre guardan estrecha relación con la democracia y el respeto a los derechos humanos.

La libertad de expresión hace parte de cualquier sistema democrático en donde las batallas político culturales acontecen; si ese derecho está en peligro, todos los derechos lo están. Las normas que regulan las relaciones entre actores habilita o no a que unos hablen y tengan derecho a la palabra para dar esa batalla.

¿Quién define quién habla y quién no?, ¿qué grado de participación tienen las mayorías sociales en esa definición?, ¿existe igualdad entre actores para activar la palabra y ejercer el poder de decirla?, ¿qué y/o quiénes definen esa igualdad? ¿Quién regula la convivencia social y en particular la coexistencia de medios públicos, privados, comunitarios, redes digitales, radiodifusión, telecomunicaciones, industria cultural?, ¿desde qué perspectivas de sociedad y estado se organizan las respuestas a las preguntas precedentes?

En América Latina, actualmente las respuestas hay que situarlas en la geopolítica continental y planetaria. No hay que perderse en la parte sin pensar el todo. En ese sentido, la clave es revisar al permanente reciclado del capitalismo y lo importante que es para su sostenimiento la carrera tecnológica, el armamentismo y las democracias con sistemas jurídicos anuentes a su desarrollo. Todo lo que se le interponga será censurado por diferentes vías, incluyendo las ilegales.

El dispositivo mediático corporativo es un arte sustantiva para el avance de las derechas capaces de garantizar estados gendarmes que velen por el desarrollo de la libertad de las economías concentradas. En este sentido, la receta es clásica: apertura de la economía, achicamiento del Estado, fortalecimiento del sector privado, Justicia cooperante con dicha perspectiva y una vigilancia represiva en las fuerzas del orden que contenga la protesta y la criminalice. La apuesta ya no son las dictaduras, sino las democracias y para ello es preciso concentrar poder en los medios que son los garantes de la construcción de agenda y el control de la opinión que dirime en las urnas lo que antes en las dictaduras.

Los monopolios mediáticos no son sólo un vector del mercado y de los negocios de las corporaciones. Los mismos se hacen necesarios y estratégicos para sostener la geopolítica en el continente del conjunto de las economías concentradas.

Antonio Gramsci decía en el Siglo XX que los medios de comunicación, los grandes diarios asumen la representación de los intereses de las derechas y a veces hasta las sustituyen cuando los partidos políticos de derecha no son fuertes. Es más, los medios en este caso se convierten en participes de la gestión de identidades políticas más afines a sus intereses. Para las corporaciones mediáticas hasta las presidencias de las democracias latinoamericanas son un cargo menor. De modo que nunca hay que subestimar su poder de construcción en la opinión pública con lecturas culturalistas demasiado confiadas en que los públicos no son influenciables2 .

Para mirar la trama mexicana (Televisa), brasileña (O´Globo), argentina (Grupo Clarín) hay que conectar con todos los grupos concentrados y sus disputas por la radiodifusión, las telecomunicaciones, la patria digital, la telefonía celular, tecnología satelital, la propiedad del papel y los medios gráficos y el sistema que se configura no en términos de nación o localismos sino en el modo que configura el dispositivo global de los mercados mediáticos. Esa es una de las claves para entender el modo en que deciden o no sostener sistemas de gobiernos. Por eso cuando quieren regularlos en sus poderíos, la guerra que inician no tiene límites, adjudicándose el patrimonio también de la libertad de expresión.

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Para las corporaciones se trata de negocios, la comunicación como negocio, por lo tanto siempre libertad de empresa es basado en la propiedad y el capital para hacerla producir. No tiene que ver con enfoque de derechos humanos. Armand Mattelar definió en 1971 lo que nunca ha dejado de estar vigente: “La libertad de prensa es la libertad de la propiedad. Es funcional a los intereses de los propietarios de los medios de producción. El medio de comunicación de masas liberal no puede emitir sino mensajes que apunten a la protección de sus intereses. La libertad de prensa pertenece al registro del principismo burgués. La burguesía misma es incapaz de ponerlo en práctica en toda su extensión y acepta tanto la censura oficial como la autocensura, cuando sus intereses están amenazados …” . Esta concepción sustentada en el surgimiento de los estados nación en el siglo XIX nunca ha abandonado su despliegue en todo el continente latinoamericano. Ha probado todas las modalidades, incluyendo la complicidad de terrorismos de estado para sostenerlas.

En la actualidad, América Latina padece un avance sistemático y proteccionista de los mercados de los monopolios. Si se quiere comprender la nueva versión del neoliberalismo a través de los monopolios corporativos de medios tendientes a oligopolios, habrá que mirar atentamente el apoyo que estos les dan a emergentes políticos que buscan llegar o llegan a las presidencias como representantes del sector privado. La apuesta es apoderarse del Estado los gerentes y/o dueños de empresas sean o no mediáticas y volverse estratégicos de sus campañas, como es el caso del macrismo en la Argentina. Podemos hablar de golpes de mercado y de medios en todas las democracias populares del continente. Brasil, Bolivia, Venezuela, Argentina padecen de la persecución mediática en virtud de que no legislan ni gobiernan en torno de sus intereses. A raíz de esto, las corporaciones se vuelven el brazo armado del propio sistema que para sostenerse le resulta sustantivo alentar los imaginarios de los consumidores en detrimento de la política y de todo aquello que pueda desnaturalizar su posición de dominación de los mercados.

“Las corporaciones se vuelven el brazo armado del propio sistema que para sostenerse le resulta sustantivo alentar los imaginarios de los consumidores en detrimento de la política y de todo aquello que pueda desnaturalizar su posición de dominación de los mercados.”

Al respecto, las denuncias de los sectores sociales, políticos, culturales, económicos de organizaciones libres del pueblo, suelen ser el bastión que nunca acaba a la hora de defender a la comunicación con enfoque de derechos humanos. Ejemplo de ello es la Coalición por una Comunicación Democrática, que frente a las políticas de comunicación del macrismo se reorganiza para la defensa y continuidad del derecho a la comunicación. La alianza Cambiemos está en sintonía con la clave que desde el Siglo XIX sostienen todas las derechas y sus versiones en América Latina, todos los medios para lograr la liberación de los mercados son válidos, inclusive la mentira, la persecución y la caza de brujas. En consonancia con las viejas dictaduras militares, los gobiernos de derecha que surgen en democracia lo hacen de la mano de los monopolios mediáticos y la cooptación del poder judicial que les garantice normativas anuentes. De ahí la dificultad de leyes democráticas de la comunicación en toda la región y el ataque directo que el macrismo ha ejercido sobre la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual 26522 en el caso Argentino.

El presente latinoamericano no tiene buen augurio en materia de comunicación y estado de derecho. Sin embargo, y revisando un siglo y medio de historia, también es cierto que surgen emergencias que suelen recuperar la memoria de la política como herramienta de transformación y a la comunicación como garante de los derechos humanos. En todo el continente, por contradictorio que parezca, está creciendo a niveles nunca vistos las organizaciones de la comunicación popular y ya no sólo analógica sino también digital.

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